Hay decisiones públicas que revelan, con dolorosa claridad, la verdadera jerarquía de valores de una sociedad. Y pocas resultan tan simbólicamente inquietantes como desplazar una Escuela de Bellas Artes para instalar oficinas burocráticas y policiales. Lo que hoy ocurre en Puerto Plata no es simplemente una reubicación institucional: es una peligrosa señal de cómo el poder continúa considerando la cultura como un territorio secundario, prescindible y vulnerable.

La pretensión de convertir la Escuela de Bellas Artes de Puerto Plata en asiento de oficinas gubernamentales y policiales constituye mucho más que una desacertada decisión administrativa. Representa una peligrosa mutilación simbólica de uno de los espacios donde todavía sobreviven la sensibilidad, la imaginación y la formación espiritual de la juventud dominicana.

Porque las Escuelas de Bellas Artes no son simples edificios públicos sujetos a la lógica fría de la conveniencia burocrática. Son territorios de creación humana. Lugares donde el sonido de un piano, el ensayo de una escena teatral, la disciplina de la danza o el aprendizaje del dibujo terminan muchas veces rescatando jóvenes del vacío, de la violencia y de la desesperanza social.

Y resulta profundamente contradictorio que, mientras desde el discurso oficial se habla de prevención, educación y fortalecimiento de valores, se pretenda desplazar precisamente uno de los pocos espacios donde esos valores se cultivan a través del arte.

Puerto Plata no está defendiendo únicamente unas paredes. Está defendiendo un símbolo. Está defendiendo la permanencia de la cultura frente al avance de una visión utilitaria del Estado que parece incapaz de comprender que un país también se derrumba espiritualmente cuando sacrifica sus espacios culturales.

Lo más alarmante es que esta historia no es nueva en República Dominicana. Un amigo escritor y periodista de San Francisco de Macorís me recordaba recientemente una herida cultural que todavía permanece abierta en esa ciudad. Allí, la antigua Escuela de Bellas Artes funcionaba en el viejo local del Partido Dominicano. Durante años se prometió la construcción de un verdadero centro cultural con escuela de arte y sala de teatro. Sin embargo, el edificio fue demolido y en su lugar se levantó la comandancia regional de la Policía para todo el Nordeste. Pasaron gobiernos, promesas y discursos: Balaguer, el PRD, el PLD, Leonel, Danilo, Abinader… y la Escuela de Bellas Artes jamás fue construida.

El testimonio resulta profundamente revelador porque retrata una constante histórica: cuando el poder debe decidir entre la cultura y el aparato burocrático o represivo, casi siempre termina sacrificando el arte. Y lo más doloroso es que después llegan los mismos discursos oficiales lamentando la violencia, la pérdida de valores y el deterioro social, ignorando que hace décadas se vienen desmontando precisamente los espacios donde se forman la sensibilidad, la disciplina y la conciencia espiritual de la juventud.

La cultura no puede seguir siendo el patio trasero de los gobiernos, el área sacrificable de los presupuestos públicos ni el territorio al que solo se recurre para discursos y ceremonias. Un país que relega el arte a la última prioridad termina también relegando su propia memoria, identidad y sensibilidad colectiva.

Puerto Plata corre hoy el peligro de repetir esa misma tragedia histórica. Y cuando una sociedad normaliza que las escuelas de arte sean desplazadas, reducidas o ignoradas, comienza también a normalizar el empobrecimiento espiritual de toda una nación.

Más preocupante aún resulta la pasividad del Ministerio de Cultura ante un hecho de semejante gravedad. Porque el silencio institucional, en circunstancias como estas, deja de ser prudencia para convertirse en una forma de claudicación.

El ministro no puede refugiarse en el silencio complaciente, ni asumir la cómoda indiferencia del funcionario que aparta la mirada mientras se vulnera uno de los espacios más emblemáticos de formación artística del país. Mucho menos puede adoptar una actitud temerosa o sumisa ante decisiones que lesionan el tejido cultural de la nación. Su deber no consiste en contemplar pasivamente cómo otras estructuras del poder avanzan sobre territorios destinados al arte y la sensibilidad humana. Su responsabilidad histórica, ética y moral es levantarse en defensa de ellos, porque cada espacio cultural que se pierde empobrece también el alma colectiva de la sociedad dominicana.