Por Bernardo Vega
Con tantas tierras llanas, sin uso agrícola en manos del CEA, más la Sabana de Guabatico se podría lograr que el Estado aporte parte de las mismas al capital de empresas que ubicarían allí paneles solares.
Si alguien hubiera sobrevolado el territorio nacional la noche del lunes pasado habría visto que el país entero estaba “apagado”, excepto la costa este, desde Uvero Alto pasando por Macao, Bávaro y Punta Cana. Y es que allí operan empresas privadas de generación y distribución eléctrica lo que garantiza que no surjan apagones, aunque la tarifa es más cara que la de las distribuidoras públicas. En pequeñas aldeas de pescadores como Boca de Yuma, donde los ingresos monetarios son discretos, sus ciudadanos prefieren pagar más caro a generadoras privadas y no a las públicas.
Sin embargo, la discusión del problema eléctrico en general, es, tal vez, el más importante del país, pero se ha dejado de plantear la alternativa de privatizar de alguna forma la generación y distribución de energía. Hagamos un poco de historia. Trujillo, afectado por la falta de ingresos tributarios debido a la gran depresión de 1929, encontró en 1931 que la compañía de teléfono era pública y entonces optó por venderla, adquiriéndola una empresa norteamericana. Desde entonces los dominicanos gozan de buenas comunicaciones, tanto así que hace pocos días se anunció que Google establecería aquí uno de sus grandes centros de distribución de comunicaciones.
La generación eléctrica estuvo en manos de una compañía norteamericana hasta que Trujillo decidió en 1950 que la comprara el Estado y desde entonces tenemos apagones. Los dominicanos, con su macabro sentido del humor, comenzaron a comentar sobre lo bueno que era “El Jefe”, ya que por las noches durante los apagones podíamos gozar de observar la belleza de la luna.
A pesar de lo eficiente que fue Julio Sauri administrando la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), los apagones continuaron. Sería tan solo durante el gobierno de Leonel Fernández cuando se vendieron parte de las acciones estatales de dos generadoras, Itabo y Ege-Haina, y desde entonces el sector privado las administró con eficiencia. La distribución de electricidad se dividió en tres empresas, Edenorte, Edesur y Edeste y fueron adjudicadas dos de ellas a una compañía española y la otra a una norteamericana, pero durante el gobierno de Hipólito Mejía este decidió anular esos contratos y desde entonces las tres empresas estatales pierden una enorme cantidad de dinero por no cobrar la totalidad de la generación que venden, por nóminas excesivas y otras causas.